Los casos tienen el mismo patrón: jóvenes de sexo masculino y de clases marginales. Engrosan las filas de las estadísticas de detención de la policía del Chubut . Las secuelas van desde los maltratos, asesinatos hasta desapariciones. Argentina tiene una condena impuesta por una corte internacional por la desaparición de un joven en territorio chubutense en plena democracia. Esta espantosa realidad no forma parte de la agenda de la dirigencia local.
Desenterrar los restos de César fue poner nuevamente sobre relieve la trágica historia que se cultiva en los últimos doce años en Chubut.
La exhumación del cuerpo de César Monsalvez, el adolescente desaparecido en julio del 2013 durante 54 días y que fuera entregado con acta de defunción como NN, es uno de los fatídicos relatos de esta parte de la Patagonia.
En abril del año pasado la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Hernán Borinsky, resolvió exhumar los presuntos restos de César Monsalvez.
El 27 de mayo de 2013, a las 10 de la mañana fue la última vez que su madre Cintia Verónica lo vio con vida. El pibe de 13 años salió de su casa en Trelew para ir a lo de su tía, a donde nunca llegó.
Dos días después se hizo la denuncia y una semana más tarde se presentó un Hábeas Corpus a través del cual se solicitaba que no interviniera la policía ni los jueces del Caso Almonacid. Instancia que no prosperó.
César es sobrino de quien en vida fuera Bruno Manuel Rodríguez Monsalvez (hermano de su mamá), un testigo clave en la investigación sobre violencia institucional atribuida a la policía chubutense.
Su tío estaba bajo un programa de Protección de Testigos pero fue asesinado en marzo de 2012, cuando se encontraba en Trelew realizando trámites personales.
El caso “Almonacid” fue aquel hecho que sacudió la cúpula policial provincial a meses de haber asumido la gestión el actual gobernador Martín Buzzi. Otro jovencito de 16 años que denunció en enero de 2012 haber sido abusado sexualmente por personal policial en una de las celdas de la Comisaría Segunda de Trelew.
La causa penal que se inició terminó con la condena –mediante el procedimiento de juicio abreviado- de algunos policías que reconocieron los hechos e inexplicablemente con el resto de los acusados absueltos por el beneficio de la duda. Habrá un nuevo juicio.
DESAPARICIÓN FORZADA
La abogada que patrocina a la familia de César, Verónica Heredia, no dudó en definir el caso con la figura de una desaparición forzada de persona. Sin embargo, el fiscal Moyano continuó investigando el caso simplemente como averiguación de paradero.
Lo cierto es que la desaparición forzada de personas en democracia es una trágica realidad. Así fue corroborado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el Caso Iván Torres, desaparecido en octubre del 2003 en Comodoro Rivadavia.
El 26 de agosto de 2011 la CIDH condenó a la Argentina por la detención, tortura y desaparición forzada de Iván, cuyo paradero aún es una incógnita y sin responsables condenados.
Los informes elevados a la Corte Internacional dan cuenta de los abusos y violaciones de derechos humanos por parte de la policía contra jóvenes de escasos recursos. Hacen referencias a detenciones arbitrarias, que en algunos casos terminan con golpizas, abusos y torturas por parte de la policía.
El tribunal encabezado por el juez Hornos sostiene en su resolución que el Ministerio Público Fiscal chubutense no tuvo en cuenta “el contexto de los hechos, la complejidad de los mismos, ni la especial posición dentro de la estructura estatal de las personas que pudieran ser responsables”, en su afán por dar con el destino de César. Agrega que “en consecuencia tampoco se observa que hubiera seguido líneas claras y lógicas de investigación que hubieran tomado en cuenta esos elementos”.
Es más, un cadáver encontrado en las inmediaciones del Aeroclub de Trelew sería entregado tiempo más tarde de la denuncia de su desaparición a la mamá de César. El acta de defunción figura como NN y la justicia provincial entendió que se trataba de él por indicios tales como la ropa, la coincidente altura y el hallazgo, dentro de un bolsillo de las bermudas que vestía, de un carnet perteneciente al transporte “el 22 S.R.L.” con su nombre.
Por esas y otras irregularidades en la causa, los presuntos restos de César Adrián Monsalvez vuelven a flote.
La antropóloga Sofía Tiscornia, en el marco de la causa de Iván, había definido exhaustivamente el “hostigamiento permanente” perpetrado por la policía de Chubut con el amparo de normas contravencionales o para la averiguación de antecedentes o de identidad.
Tiscornia había señalado en aquella oportunidad que las normas que habilitan a la policía a detener reiteradamente a las personas pueden concluir en varias ocasiones en muertes, torturas y, en este caso, en una desaparición, sobre los sectores más desprotegidos de la sociedad.
La antropóloga sostuvo que los jóvenes de barrios pobres (se reúnen en) las zonas céntricas de la ciudad, y es ahí donde entonces aparecen estas políticas territoriales de seguridad. Dice Tiscornia: “La policía los detiene por varias razones, en algunos casos por demanda de los vecinos o de las personas que no quieren ver pobres cerca de su vista, en otros casos porque son reclutados para la comisión de delitos por la propia policía”. En este último caso, los jóvenes que se rebelan suelen ser torturados, apremiados y muchas veces muertos. El otro dato brindador por la antropóloga es que “la policía también tiene que demostrar ante la superioridad que trabaja, y una de las formas de medir en muchos casos el trabajo de una comisaría es la cantidad de detenidos por averiguación de identidad”.
Tiscornia revela que la misma policía admite que salen a ‘hacer la estadística’, esto es detener personas para poder llenar el número de detenidos mensual que las autoridades requieren.
En su dictamen, la Cámara de Casación Federal dispuso además el apartamiento del juez federal Hugo Ricardo Sastre y del Fiscal Federal Gelvez y designar un nuevo juez y fiscal con el propósito de iniciar la investigación y corroborar si se trató de una desaparición forzada.
La Justicia de Chubut, como en el caso de Julián Antillanca, violentó también los derechos de las familias que fueron ultrajadas con el asesinato o desaparición de uno de sus integrantes. En el caso de Julián, un nuevo juicio tuvo que efectuarse para encontrar a los responsables de ese homicidio cometido por efectivos uniformados.
LOS DATOS
Existe un Banco de datos de casos de Tortura y Otros Tratos Crueles, inhumanos o Degradantes a partir de la creación de las Oficinas de Asistencia a Personas Privadas de Libertad, cuya tarea está regulada por un protocolo de actuación ante incidentes violentos en centros de detención, coordinado desde la Defensoría General de Chubut.
La Oficina fue impulsada desde el 2004, un año después de la desaparición de Iván Torres. Desde entonces se registraron numerosas denuncias por violación de los derechos de las personas sometidas a cualquier forma de intervención estatal. En el Banco de Datos se llevan contabilizados 3216 casos.
Entre las denunciadas figuran agresiones de las más diversas. Desde asfixia por inhalar la combustión de los elementos quemados en una celda -como el colchón de goma espuma- hasta golpes, impactos de balas de goma y cualquier otro tipo de vejaciones.
Entre los procesos más graves denunciados aparecen el Submarino seco, quemaduras, picana, gas pimienta, intimidación con arma, ahogamiento, simulacro de fusilamiento, balas de plomo, heridas con arma blanca y corte de testículos.
Pero los abusos en los métodos de detención fueron virando hacia los procedimientos callejeros.
Es que desde la vigencia del nuevo Código de Procedimiento Penal se establece un breve lapso para que la persona detenida cuente con un efectivo control judicial.
La represión se trasladó entonces al control callejero. Las personas detenidas por reales o supuestas infracciones contravencionales son muchas veces puestas en libertad antes de su presentación ante cualquier magistrado.
La violencia policial como una herramienta de control social comenzó a naturalizarse y sus víctimas tienen un perfil bien definido: sexo masculino, menores de 21 años, con estudios primarios y desempleados o con trabajo ocasional.
Las denuncias registradas recaen en diferentes estamentos: Brigada de Investigaciones Policiales, Comando Radioeléctrico, personal de comisaría, el Grupo Especial de Operaciones de la Policía (GEOP), patrullas, etc.
La radiografía realizada por la Defensa Pública especifica hasta los días de la semana en donde se registra la mayor cantidad de hechos denunciados. Son los viernes, sábados y domingos, y mayormente durante la segunda y cuarta semana, lo que coincide con la culminación de las quincenas laborales.
De esos más de tres mil casos de tortura, más de la mitad se registraron sólo en Puerto Madryn (1.702); seguido por Trelew (690); Comodoro Rivadavia (688); Esquel (116) y Sarmiento (20).
Las víctimas son mayoritariamente personas de sexo masculino (96%), menores de 29 años (87%), solo con estudios primarios (72%) y desempleados (62%) y/o realiza trabajos ocasionalmente (59%).
La Injusticia
En el 2004/2005 la Defensa Pública realizó una investigación práctica sobre los casos denunciados la Justicia sobre violencia institucional en un período de diez años. En ese lapso, de 611 casos denunciados judicialmente, solamente doce fueron llevados a juicio y cuatro personas condenadas.
Desde el 2007, los defensores públicos se pueden sumar como querellantes en los juicios y consiguir condenas por apremios o vejaciones.
Entre el 2007 y el 2013 se registraron 142 casos de denuncia de violencia policial en los que la Defensa Pública actuó como querellante, con un promedio de casi 20 casos iniciados por año.
Del total de casos con querella de la Defensa Pública, 83 finalizaron con el archivo del caso (58,5%), 23 fueron juzgados (16,2%), 35 siguen en actividad (24,6%), y de 1 caso (0,7%) no se cuenta con información.
Los emblemáticos
Caso Iván Torres. El 2 de octubre de 2003 Iván Eladio Torres fue visto por última vez. Ese día un móvil policial lo trasladó desde una plaza del centro de Comodoro Rivadavia a la Comisaría Seccional Primera, sin que se registrara delito alguno y sin orden judicial. Desde entonces, se desconoce su paradero.
En noviembre de 2003 su mamá, María Leontina Millacura Llaipén, realizó una denuncia contra el Estado argentino en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la detención ilegal, incomunicación, tortura y desaparición forzada de su hijo. En agosto del 2011 la CIDH dictó la sentenciaque responsabiliza a la República Argentina por la desaparición forzada de Iván.
Caso Julián Antillanca. El 5 de setiembre del 2010 fue hallado sin vida Julián Antillanca. Una testigo relató cómo su cuerpo fue abandonado por un vehículo policial, y en ese vehículo fue hallado ADN compatible con el fallecido, pero los jueces del caso no encontraron evidencia de que Antillanca hubiera muerto a manos de la policía. El Superior Tribunal de Justicia, a instancias de la Fiscalía y la Querella, anuló la sentencia del juicio que absolvió a los efectivos policiales involucrados y dispuso un nuevo juicio. Finalmente tres efectivos policiales fueron condenados a prisión perpetua y un comisario recibió la condena de 3 años de prisión e inhabilitación por tres años.
Caso Corcovado. Una fuerza policial, en procura de dar con un prófugo, allanó brutalmente varios domicilios de familiares en la localidad de Corcovado en el año 2009. El defensor público Omar Osvaldo López acusó en ese momento de maltrato y de haber instalado "un estado de sitio de hecho" al Grupo de Operaciones Policiales de Chubut (GEOP), responsable de ese operativo. Pese a haberse probado lesiones y daños (incluyendo a niños), los jueces entendieron que el procedimiento policial estaba justificado.
El caso Almonacid. En enero del 2012 un joven menor de edad (16 años), sin ningún ingreso policial, fue detenido en la calle. En la Comisaría de la Seccional Segunda de Trelew fue sometido a golpes y vejaciones que concluyeron con la introducción de un bastón tonfa en el ano. Dos efectivos policiales que fueron condenados en el 2013 a tres años de efectivo cumplimiento y seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos continuaron prestando servicio dentro de la fuerza hasta que a principios de julio del 2015 el gobernador Buzzi recién firmó el decreto de exoneración. Habrá un nuevo juicio el 25 de noviembre del 2015.
En el caso de César Monsálvez, la Justicia nunca explicó cómo, cuándo, por qué y dónde, en su caso, perdió la vida ese niño. Por eso nuevamente vuelve su presunto cuerpo sin vida a la superficie.